Un minuto después de las 11 de la mañana, Alejandro Gertz Manero inició su informe sobre los primeros 100 días a cargo de la fiscalía.
Dijo que en el pasado, la dependencia se utilizó para encubrir a cómplices del poder.
“La institución se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos, mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder”, resaltó el Fiscal General de la República.
Después, Alejandro Gertz Manero puso números al rezago: “se encontró en esta institución un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación, sin resolver. No se encontró control, ni centralización de las denuncias o querellas presentadas”.
En su diagnóstico sobre la función del ministerio público reveló que: se asignaban a un solo agente hasta mil casos, cuando otros ministerios públicos no tenían ni uno; había 21 mil órdenes de aprehensión sin cumplir y 800 policías ministeriaes estaban asignados a protección de funcionarios, ex funcionarios y políticos.
“Existía una evidente anarquía en la estructura administrativa, con áreas de atención a la ciudadanía con grave escasez de personal de apoyo”, destacó.
Ahora, dijo, existe una política diaria de control de gastos de operación, se ha reducido la flota aérea, los vehículos blindados y se busca aclarar el costo de un contrato de mil millones para el uso de drones.
“Entre 2013 y 2015 se realizó una inversión de más de mil millones de pesos en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas (drones) mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos, ni un informe de resultados que pueda demostrar su utilidad”, abundó.
En el combate a la corrupción, informó, se han presentado 12 mil 700 denuncias, 400 se han judicializado, con más de 620 detenidos.
Precisó que continúan las investigaciones sobre la estafa maestra y Odebrecht.
“Es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada en un posible delito de estado; en un plazo que no debe pasar de 60 días se habrá de empezar a judicializar este asunto bajo la premisa de una maquinación delictiva en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”, refirió sobre ambos temas.
También se comprometió a recuperar la credibilidad en las investigaciones sobre lo ocurrido a los normalistas de Ayotzinapa y a determinar si hubo o no atrasos en la atención de personal de Pemex en la toma clandestina de Tlahuelilpan, Hidalgo.
Con Uno, David Galván.
